En los últimos años, el uso de dispositivos móviles en las aulas ha generado un debate candente sobre su idoneidad y los riesgos que comporta. Mientras muchos defensores argumentan que los teléfonos móviles y las tabletas pueden ser herramientas educativas útiles, esta posición choca con una realidad preocupante: el uso intensivo de estos dispositivos fuera de las aulas ya afecta negativamente al rendimiento académico de los estudiantes. Incentivar su uso dentro del aula sin que aporte ningún valor añadido no parece el más adecuado.
El tiempo excesivo que los jóvenes pasan frente a las pantallas fuera del entorno escolar ha estado vinculado con problemas de atención, falta de concentración y menor capacidad de retención. Los estudiantes se ven constantemente bombardeados por notificaciones, redes sociales y aplicaciones que distraen su atención de los estudios. Este curso se han tomado medidas apoyadas por nuevas normativas para limitar formalmente el uso de estos dispositivos durante las clases. Ya haremos su valoración.
Por si fuera poco, hay una preocupación, que no debería ser menor, que también debe considerarse al hablar de dispositivos móviles en las aulas: la privacidad de los alumnos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido clara en desaconsejar el uso de móviles y tabletas personales en los centros educativos, sobre todo cuando existen otros recursos más adecuados para conseguir los fines pedagógicos deseados. El uso de estas tecnologías no sólo puede distraer, sino que también pone en riesgo la seguridad de los estudiantes al recopilar información sensible.
En este sentido, la AEPD advierte que muchas de las aplicaciones utilizadas en las aulas solicitan datos personales de los alumnos, como la geolocalización, las preferencias de ocio e incluso información sobre el comportamiento. Esto supone un riesgo significativo para su seguridad y privacidad, puesto que estos datos pueden ser mal utilizados o expuestos a terceros. Para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los centros educativos, profesores y administraciones tienen la responsabilidad de controlar rigurosamente el uso de estos dispositivos y aplicaciones.
Es imperativo que las instituciones educativas se aseguren de que las herramientas tecnológicas utilizadas en el aula sean seguras y no comprometan la privacidad de los estudiantes. Existen alternativas tecnológicas, como algunas plataformas educativas cerradas o los recursos propios proporcionados por el propio centro, que ofrecen mayores garantías en términos de protección de datos y son también apropiadas para alcanzar los objetivos pedagógicos sin exponer a los alumnos a riesgos innecesarios.