Hace ya un tiempo que comenzó el debate sobre si era necesario algún tipo de acreditación sanitaria para permitir que las personas vacunadas pudieran tener otro tipo de consideración, en cuanto a movilidad, en medio de la situación de pandemia que vivimos. Si no son un riesgo para la salud de los demás, teóricamente, ¿por qué deben estar sujetos a limitaciones comunes?
Tampoco es necesario engañarse, este gesto para favorecer la circulación de las personas no es únicamente para garantizar la libertad de movimientos, un derecho fundamental, sino un intento por favorecer cierta reactivación económica de un sector estratégico como es el turístico. Si algo ha demostrado esta crisis del coronavirus, ha sido la dramática dependencia del turismo y de la llegada de millones de pasajeros al país, por tanto, cualquier cosa que pueda fomentar el regreso de turistas tiene siempre un apoyo mayoritario de la sociedad.
Una de las formas de hacerlo ha sido plantear el llamado pasaporte sanitario, un salvoconducto para asegurar la movilidad a quien está vacunado y no representa un peligro para esparcir el virus. Está claro que esto puede poner los pelos de punta con sólo pensar en el uso inapropiado de esta información personal. Son datos especialmente sensibles los de salud, pero resulta que si es para viajar y evitar inconvenientes propios de la pandemia, puede que ya se pueda relajar la cuestión legal. De entrada, no estando todos en igualdad de condiciones para disponer de este pasaporte, el tema ya parece sospechoso de discriminatorio. ¿Cómo lo harán unos y otros para no vulnerar los derechos de las personas?
En estos momentos, los países de la Unión Europea trabajan a contrarreloj para terminar la parte técnica del llamado Certificado Digital Verde, como llaman al pasaporte anti-cóvido. España ya está realizando pruebas técnicas con intención de implementarlo a partir del 1 de junio, aunque tampoco podrá utilizarse hasta que no haya un acuerdo entre los estados y el Parlamento Europeo sobre la legislación que regula el documento. Y como suele ocurrir en cuestiones de política europea, la cosa no pinta sencilla, ya que no existirá una única aplicación europea, sino que cada estado tendrá una que permitirá guardar los certificados homologables en la UE que demuestren la vacunación, haber pasado la cóvid-19 o un negativo.
Por si fuera poco, el salvoconducto estará disponible tanto en versión digital como en papel, aunque la propuesta fomenta el uso del móvil para facilitar la movilidad. Un añadido más para poner todos los ojos en el tema y asegurar que no supone un atropello al derecho de las personas a la protección de datos de carácter personal ya la propia privacidad.
