El Gobierno de España ha presentado el Anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), una norma que quiere regular cómo se aplica esta tecnología en el Estado. Esta ley adapta el Reglamento Europeo de IA aprobado en 2023 y concreta cómo debe integrarse en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo obligaciones claras tanto para empresas como para organismos públicos.
El anteproyecto, actualmente en fase de consulta pública, recoge del Reglamento Europeo la clasificación de las aplicaciones de IA en función del nivel de riesgo que pueden suponer para la sociedad. Las de “riesgo inaceptable” quedan prohibidas: se trata de sistemas que manipulan a las personas o intentan deducir sus emociones, raza u opiniones políticas. Las de "riesgo alto" -como las que se utilizan en educación, sanidad, empleo o servicios públicos esenciales- se podrán utilizar, pero bajo una supervisión estricta y con requisitos específicos. Las de “riesgo bajo” se podrán utilizar con mayor libertad. Además, se creará un registro nacional para identificar a los sistemas considerados de alto riesgo.
Uno de los temas más sensibles es el uso del reconocimiento facial en tiempo real. Sólo se permitirá en situaciones muy concretas y graves, como la búsqueda de víctimas de delitos o la prevención de atentados terroristas, y siempre con autorización judicial.
Otro punto relevante es la obligación de identificar claramente cualquier contenido generado por IA, como textos, imágenes o vídeos. Esto significa que las personas tendrán que saber si lo que ven o leen ha sido creado por una máquina. También habrá que informar si se está sometiendo a alguien a sistemas que reconocen emociones o utilizan datos biométricos.
Para garantizar que se cumpla la ley, varios organismos compartirán responsabilidades. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) será la encargada principal, en tanto que otras entidades como la Agencia Española de Protección de Datos o la Junta Electoral Central asumirán funciones específicas según el ámbito. Cualquier ciudadano podrá denunciar incumplimientos, incluso de forma anónima.
El régimen sancionador es contundente para las empresas: las multas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio global, según la gravedad de la infracción. En cambio, si la infracción proviene de una autoridad pública, no se imponen multas, sino reparos u otras medidas internas, lo que ha generado críticas por la falta de consecuencias reales justo cuando la administración es responsable.
Se prevé que la ley entre en vigor durante la primera mitad de 2025, aunque algunas obligaciones se aplicarán a partir de agosto, o más allá. Para las pymes, esto implica que es necesario empezar a conocer bien las nuevas normas, especialmente si utilizan herramientas basadas en IA. Entender qué se puede hacer, qué está prohibido y cómo actuar de acuerdo con la ley será clave.
