Durante años, muchos ciudadanos, o debemos decir todos, hemos tenido que convivir con el quebradero de cabeza de las llamadas comerciales no deseadas, que muy a menudo son estafas de suplantación de identidad, y de los mensajes de texto fraudulentos. Un problema que ha generado frustración y una constante sensación de impotencia frente a la evidente falta de control sobre estas prácticas. Por fin, esta pesadilla parece llegar a su fin: El Gobierno español ha aprobado la Orden TDF/149/2025, una nueva regulación que entrará en vigor el 7 de marzo de 2025 y que pretende poner freno al acoso telefónico.
Veamos qué supone esta nueva ley en la práctica, si realmente, esta vez es una norma que protege a los usuarios.
Tal y como recoge el texto legal, el trasfondo de la orden ministerial es el vivido en los últimos años, en los que estamos asistiendo a un incremento exponencial de la cibercriminalidad y, en particular, de las estafas de suplantación de identidad que suelen empezar con una llamada o un mensaje de texto en el que el emisor de la comunicación suplanta. con la intención clara de defraudar engañando al consumidor para que proporcione información personal y financiera confidencial, facilite sus claves personales o realice alguna acción como el acceso a una web, la llamada a un número telefónico, la realización de una transferencia o la contratación de un servicio, entre otros.
¿Qué se busca? Pues fundamentalmente, el fin de las llamadas fantasma. Los operadores tendrán la obligación de bloquear las llamadas con numeración desconocida o manipulada. Esto significa que desaparecerán las llamadas desde números falsos u ocultos que tantos quebraderos de cabeza han generado. Las llamadas comerciales no desaparecen, claro, pero las empresas sólo podrán contactar con los usuarios desde números con prefijos provinciales oa través de los 800 y 900. De esta forma, siempre se podrá identificar claramente quién está llamando antes de responder.
En esta línea de transparencia, se prohíbe el envío de mensajes comerciales con números o alias falsos. Éste es un paso fundamental para reducir el fraude y evitar el spam masivo que inunda nuestros dispositivos.
En definitiva, mayor control. Y es que todas las empresas que quieran enviar comunicaciones comerciales tendrán que registrarse previamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este registro permitirá un seguimiento más estricto y facilitará la identificación de las empresas que incumplan la normativa.
¿Será efectivo? Veremos. Porque supervisar y sancionar todo lo que potencialmente prevé la ley parece un trabajo titánico. Y, sobre todo, todo lo que no es rastreable por manipulación técnica puede dejar de nuevo a los infractores al margen de la ley.
¿Habrá el compromiso de los operadores y las empresas a la hora de cumplirla? ¿Tendrá capacitado la autoridad para hacerla cumplir? Sea como fuere, un poco sí se puede ver una luz al final del túnel.
