La Comisión Europea ha propuesto la creación de un certificado digital verde para facilitar la libre circulación segura en la UE durante la pandemia de COVID-19. Es decir, una acreditación de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado de la COVID-19 o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo. El objetivo es garantizar que los ciudadanos de la UE se beneficien de una herramienta digital armonizada para apoyar la libre circulación de las personas dentro de la Unión cuando el porcentaje de población europea vacunada contra el coronavirus sea suficientemente elevado. Éste es el mensaje oficial formal, la lectura a pie de calle es que la reactivación económica, a través del turismo fundamentalmente, está detrás de esta decisión que, al menos, ha empezado a generar cierto debate por las implicaciones legales y éticas que se intuyen.
Lógicamente, se ha levantado la alerta sobre si su idoneidad por cuestiones de igualdad de derechos y no discriminación. Y está claro, por la posible vulneración del derecho a la privacidad y la protección de datos de carácter personal que la UE ha puesto tantas veces últimamente en el foco de su acción, afortunadamente, por otra parte. No puede sorprender que el club de países europeos valore en clave económica la situación y considere este pasaporte una herramienta útil y fácil de usar para pelear con la crisis y apoyar futura recuperación. Sin embargo, que lo haga con un certificado que basa el otorgamiento de unos derechos, o que no los limita en igual medida, a unas personas u otras en función de una situación personal o social y de información de salud, es chocante.
Enseguida se ha dicho que no es discriminatoria, que es segura y que, por supuesto, respeta plenamente la protección de datos. Podemos otorgar el beneficio de la duda, pero sería más responsable exigir explicaciones más detalladas primero. Será gratuita, en formato digital o en papel, e incluirá un código QR para garantizar la seguridad y autenticidad del certificado. Teóricamente, todo el mundo podrá acceder. ¿En todos los países? Y quien lo tenga, quedará exento de las posibles restricciones de salud pública que decida cada país.
Pero lo más sorprendente es que la pelota de este juego es el control de datos especialmente sensibles. El propio RGPD europeo ha sido un baluarte en defensa de protección de estos datos, por eso ahora es de esperar que haya un límite claro para la elaboración de documentos a tal fin, minimizando el tipo de dato y asegurando mecanismos de confidencialidad.
